Desde el RACC, como club de conductores y consumidores, consideramos que es posible frenar esta tendencia a partir de una reforma estructural de la fiscalidad del automóvil. Nuestra propuesta se basa en la supresión inmediata del impuesto de matriculación para relanzar la demanda y, a medio plazo, la supresión del impuesto de circulación (si, como parece plausible, el Gobierno opta por aumentar el impuesto especial sobre hidrocarburos). La ecuación es sencilla: redistribuir los impuestos actuales, que penalizan la posesión del vehículo, y concentrar la carga impositiva en el uso (impuestos sobre carburantes), bajo el principio de "quién más contamina, más debe pagar".

Por otro lado, el sentido común nos dice que la recaudación procedente de la fiscalidad específica del automóvil debería revertir al sistema de movilidad. Un porcentaje debería, inevitablemente, asegurar la inversión en el mantenimiento de la red de carreteras, también mermada por la crisis. Ello tendría un impacto positivo en términos de seguridad vial.